Octubre 25 de 2021

Hace ocho años Danitza Zepeda decidió cambiar de vida. Se mudó a un lugar con aire limpio, rodeada de verde, viento y tranquilidad en Limache. Hasta hace algunas semanas su gran temor era que el sueño de su nuevo hogar se transformara en una pesadilla. Pero un reciente fallo de la Corte Suprema le devolvió la esperanza. O le dio más tiempo.

La sensación es compartida por varios vecinos de la zona y las comunas cercanas de Villa Alemana y Olmué (V Región), que se sienten invadidos por la instalación en la zona de la central termoeléctrica Los Rulos. “Esto nos abre la posibilidad de revisar y analizar un proyecto termoeléctrico que pone en riesgo la salud de la población”, dice por teléfono Salvador Donghi, el biólogo detrás del fallo de la Corte Suprema que de manera inédita ordenó rehacer la tramitación del proyecto.

El caso ha sido ampliamente comentado en círculos legales y ambientales, porque es la primera vez que el máximo tribunal ordena devolver parte del procedimiento ambiental al momento en que 66 reclamaciones quedaron sin resolver, pero a su vez no suspende la tramitación. La inédita figura mantiene plazos, pero obliga a volver al pasado para corregir errores. Además, la Tercera Sala de la Suprema mantuvo a firme el pronunciamiento del Consejo de Ministros.

Aunque la firma de capitales peruanos israelíes Inkia Energy, dueña del proyecto de 540 MW, asegura que la decisión del máximo tribunal ratifica la legalidad del proyecto, sí retrasa sus planes. La central, cuya inversión alcanza a US$ 594 millones, obtuvo los permisos en 2017 y tenía previsto comenzar a construirse en 2018 para estar contribuyendo al abastecimiento seguro de suministro eléctrico para el Sistema Eléctrico Nacional a mediados de esta década.

Su promesa de contar con una tecnología de última generación que ayudaría a reducir su impacto ambiental y avanzar en la descarbonización de la matriz energética, sobre todo ahora en medio de la sequía, no fue suficiente.

Las presentaciones judiciales dilataron su entrada en servicio, aunque todos los recursos en su contra se fueron cayendo uno tras uno.

La jugada

“Tanto las reclamaciones presentadas por los ciudadanos que realizaron observaciones en el proceso de participación ciudadana como nosotros a través de una solicitud de invalidación, entregan antecedentes suficientes que muestran la existencia de vicios administrativos en la evaluación”, añade Donghi.

El biólogo, junto al arquitecto Arturo Chadwick Dittborn, fueron quienes recurrieron a la Suprema el 7 de abril de 2020. De ellos fue la idea de presentar un recurso de casación por las reclamaciones presentadas y no consideradas. El municipio de Limache también se hizo parte.

La posible contaminación del aire no es el único riesgo, sostienen. Los vecinos también están preocupados por las consecuencias sobre el agua, ya que para funcionar, la central requiere agua del acuífero local con el fin de enfriar las máquinas.

Además, sostienen que de concretarse el proyecto Los Rulos, toda la Región de Valparaíso y la cuenca del río Aconcagua quedarían ocupadas por fuentes contaminantes de cordillera a mar. “La situación de Concón, Quintero y Puchuncaví, territorios que se encuentran bajo el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental promulgado por el Ministerio de Medioambiente, se podría repetir aquí”, sostienen.

El fallo de la Suprema anuló la sentencia del 2º Tribunal Ambiental de Santiago del 19 de marzo de 2020, que había rechazado los reclamos en contra de la termoeléctrica. Y obligó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a conocerlos y resolverlos.

“Tendrá que argumentar por qué el proyecto es aprobado sin un plan de medidas de compensación, mitigación y reparación, que se haga cargo del daño a la salud de la población por la emisión de más de 100 toneladas anuales de MP2.5. Asimismo, por qué es aprobado un proyecto que no se hace cargo de los impactos que generará a la reserva de biósfera La Campana-Peñuelas, los cuales ni siquiera fueran evaluados”, añade el científico.

Pero la empresa reitera que la Corte Suprema no se pronunció sobre la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto entregada favorablemente en 2017, ni la modificó de modo alguno. “Solo manifestó que todos los reclamos deben resolverse conjuntamente e instó al Consejo de Ministros a resolver dentro del plazo legal de 60 días, además de indicar que el Tribunal Ambiental deberá informar mensualmente a la Corte Suprema el estado de la causa”, sostuvo a DF MAS.

Esta historia comenzó hace más de seis años, cuando la firma presentó este proyecto ubicado en un predio delimitado entre un gasoducto y la carretera que une Los Andes con Valparaíso.

Protestas, reclamos y diversas acciones judiciales en su contra fueron presentados por grupos de vecinos y asociaciones científicas, ante los posibles daños al medio ambiente y la salud. La empresa sostiene que ha mantenido buenas relaciones con su entorno y destaca que “desde antes del ingreso del proyecto a su evaluación ambiental” han estado trabajando ininterrumpidamente con los vecinos.

“Especialmente, con aquellas organizaciones sociales que son vecinas al proyecto, hemos venido trabajando desde hace varios años a la fecha, una serie de convenios dentro de los cuales podemos destacar nuestros programas de fondos concursables enfocados en el desarrollo de talleres de capacitación y obras de infraestructura, donde ya son más de 1.700 personas y más de 25 las organizaciones sociales beneficiadas”, dijo la compañía.

Pero la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo (Poder, Frente Amplio), quien hizo del rechazo a la central un eje de su campaña política, sostiene que “como municipio, ya hemos hecho nuestra parte formal, lo que no significa que en caso de que el comité de ministros falle a favor de la termoeléctrica, cederemos a poner en prenda la salud de vecinos y vecinas ni la protección del medio ambiente”.


Petróleo de respaldo DE RESPALDO

Una parcela de 153 hectáreas de superficie ubicada entre un gasoducto y una carretera será el lugar lugar de emplazamiento de la central en Limache. Su cercanía al Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas ha despertado el temor a algún daño en la zona, pero según la firma “no se verán afectados por el Proyecto en las componentes de Calidad del Aire, Ruido, Vibraciones y Recursos de acuerdo a los resultados de las modelaciones realizadas”.

La central operará principalmente con gas natural de GNL (Quintero) o gas natural proveniente de Argentina. Además, se utilizará petróleo diésel como combustible de respaldo para emergencias o interrupciones en el suministro de gas natural.

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